Bloquear la disidencia: la inteligencia en la era del conflicto político permanente
En el corazón de Europa, donde la democracia nació como una vacuna contra los abusos del poder, emerge ahora un espectro inquietante: la utilización sistemática del aparato de seguridad para golpear a la oposición patriótica. Quien da la voz de alarma no es un activista, sino el ex presidente de la Agencia de Inteligencia Interior alemana (BfV), Hans-Georg Maaßen. Según el jurista, antiguo jefe de la Bundesamt für Verfassungsschutz, su antigua oficina fue«armada políticamente» para atacar al partido conservador Alternative für Deutschland (AfD), primer partido de la oposición en el Bundestag.
De hecho, el BfV clasificó recientemente a la AfD como «organización de extrema derecha« basándose en un informe de más de 1.000 páginas que ha permanecido oficialmente en secreto. ¿El motivo? La «protección de las fuentes». Pero la investigación llevada a cabo por WELT revela un detalle sensacional: casi toda la información del dossier es pública -discursos, mensajes en redes sociales, documentos oficiales- y no hay rastro de verdaderas operaciones encubiertas, ni de interceptaciones o actividades encubiertas dignas de una amenaza terroristaAfD__ Las razones de ….
Hans-Georg Maaßen, entrevistado por The European Conservative, calificó la decisión del BfV de «vendetta política» urdida por la entonces ministra del Interior, Nancy Faeser, que supuestamente inclinó los servicios de inteligencia hacia la línea del SPD, el partido gobernante. «En ninguna otra democracia occidental un partido político está vigilado por los servicios de inteligencia. Esto socava la confianza pública y convierte al Estado en un actor electoral».
Si Alemania es el laboratorio, Francia ofrece el modelo operativo. Aquí, la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) ha intensificado la vigilancia de los grupos de Telegram vinculados al ámbito soberanista e identitario, considerados incubadoras de disidencia y «radicalismo ideológico». En particular, tras las protestas contra la inmigración en Lyon y Toulouse, el foco se desplazó a la mensajería cifrada. Según Le Figaro, el jefe de la DGSI habló explícitamente de una «resurrección de la ultraderecha violenta «, citando Telegram como vector estratégico de su organización:
«La amenaza de la ultraderecha ha crecido con las nuevas tecnologías y los canales de comunicación que escapan al control ordinario»
(Le Figaro, 9 de julio de 2023)
Pero es precisamente la vaguedad de la etiqueta «ultraderecha», aplicada sin una definición jurídica clara, lo que permite operaciones preventivas y vigilancia discrecional, como también se ha documentado en el caso del cambio de política impuesto a Telegram por la justicia francesa.
Por último, en Rumanía, las elecciones presidenciales de mayo de 2025 se desarrollaron en un clima muy polarizado. Tras la anulaciónde los comicios de noviembre de 2024 por supuestas injerencias extranjeras, y la exclusión del candidato soberanista Călin Georgescu, la escena estuvo dominada por el líder patriótico George Simion, que ganó la primera vuelta con el 41% de los votos.
Euronews informó de que el fundador de Telegram , Pavel Durov, acusó públicamente a Francia de haber presionado a la plataforma en Rumanía durante la campaña electoral, temiendo una injerencia indirecta en el voto. El gobierno francés lo ha negado categóricamente, pero la noticia ha abierto un encendido debate sobre la libertad digital y la neutralidad de las infraestructuras de comunicación.
En los tres casos -Berlín, París, Bucarest- lo que aparece es un uso selectivo del poder securitario para neutralizar a sujetos políticos que, aunque legalmente constituidos y representativos, son considerados «enemigos» más que adversarios. Una lógica peligrosa, que redibuja los contornos de la legitimidad en la sociedad occidental.
¿Servicios desviados o Estado profundo? La nueva normalidad del «lawfare
Mientras que antes la lucha política tenía lugar en las calles, en los parlamentos y en la prensa, hoy se decide cada vez más en los gabinetes ministeriales, los tribunales administrativos y las oficinas de inteligencia. El concepto anglosajón de lawfare -el uso estratégico de la ley y las instituciones para deslegitimar, obstruir o eliminar a un adversario- ha encontrado una herramienta poderosa y peligrosamente opaca en la gestión de los servicios de seguridad.
El caso alemán: la ley como pretexto, la vigilancia como sanción
En Alemania, la BfV no se limitó a un análisis ideológico de la AfD. Como señalan los informes filtrados analizados por Cicero y WELT, la agencia construyó la clasificación de «cierto extremismo» casi exclusivamente a partir de material público: posts sociales, declaraciones de prensa, enlaces a medios proconservadores como Compact y a realidades alemanas de la «Neue Rechte» como Ein Prozent o Archetyp GmbHAfD__Lasrazones de …. Lo que llama la atención es la ausencia casi total de pruebas obtenidas mediante operaciones clásicas de inteligencia: ni escuchas telefónicas, ni informadores conocidos, ni conspiración.
Sin embargo, esta arquitectura de citaciones se consideró suficiente para justificar una amplia vigilancia, el uso de informantes encubiertos y -potencialmente- la exclusión de la AfD de cargos públicos o de las competiciones electorales. Se trata de una ley adaptada a fines políticos, en la que lo que cuenta no es la peligrosidad objetiva, sino la construcción de una narrativa jurídica.
Como señaló Maaßen:
Hoy en día, el término «extremismo» se ha extendido para incluir a los partidos políticos normales. Pero, ¿quién decide lo que es ‘normal’? ¿El ministro? ¿La agencia? Esto ya no es un Estado neutral».
Inteligencia moral: el caso francés y el control del consenso
En Francia, la tendencia es similar, pero más sutil. Aquí, la inteligencia no apunta a los partidos registrados, sino que construye un ecosistema de presión sobre grupos prepolíticos: chats, medios alternativos, canales de Telegram, grupos de jóvenes no estructurados. El caso es emblemático: la DGSI ha elevado a la ultraderecha extraparlamentaria a «amenaza sistémica«, poniendo a las plataformas digitales en el punto de mira del antirradicalismo preventivo. Paralelamente, la justicia pidió a Telegram -plataforma elegida por muchos activistas conservadores- que cambiara sus condiciones de uso y cooperara con la justicia, socavando su promesa original de neutralidad.
Rumanía y el retorno de la sospecha sistémica
En Rumanía, la dinámica es diferente pero igualmente reveladora. La primera vuelta de las elecciones presidenciales vio la clara afirmación de George Simion, líder del partido AUR, en un contexto marcado por una profunda desconfianza en el aparato institucional. Sólo cinco meses antes, las elecciones habían sido anuladas tras una supuesta intervención de los servicios de inteligencia rusos en favor de Călin Georgescu, un hecho sin precedentes en la historia europea reciente.
No han aparecido pruebas directas de injerencia del Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) en el actual proceso electoral. Sin embargo, laacusación pública del fundador de Telegram, PavelDurov, de que Francia ejerció presiones para restringir el acceso a la aplicación en Rumanía durante la votación planteó interrogantes sobre el control indirecto de la infraestructura digital en el momento más delicado de la confrontación democrática. El gobierno francés ha negado cualquier implicación, pero el episodio ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de las democracias ante las injerencias transnacionales disfrazadas de «cooperación técnica».
El rostro cambiante de la represión: cuando el Estado se disfraza de árbitro
La característica más inquietante del fenómeno que hemos descrito -desde Alemania a Francia, pasando por Rumanía- no es tanto eluso de emergenciadel Estado contra la oposición, sino su transformación sistémica en árbitro político no elegido. En las democracias europeas, la legitimidad popular debería ser el único fundamento del poder. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, el consenso patriótico se desactiva antes de las urnas, mediante procedimientos, etiquetas y dispositivos de vigilancia justificados en nombre de la «defensa del orden establecido».
En este contexto, la neutralidad del Estado se convierte en una ficción. Los servicios secretos, el poder judicial administrativo, las autoridades responsables de la privacidad, las redes digitales: todas estas estructuras se presentan a sí mismas como técnicas, imparciales, protectoras. Pero en realidad operan de forma selectiva, construyendo una barrera invisible pero eficaz contra cualquier alternativa política que desafíe el statu quo globalista.
En Alemania, la AfD se define como «extremista» por sus declaraciones públicas y artículos periodísticos, no por sus actos subversivos. Los canales de Telegram de los soberanistas franceses se vigilan no porque planeen atentados, sino porque expresan ideas políticamente indeseables. En Rumanía, la propia infraestructura de votación entra en el punto de mira de supuestas interferencias técnicas entre Estados miembros de la UE, como en el caso de la presión francesa sobre Telegram durante las elecciones presidenciales. Se trata de una estrategia de interdicción preventiva: no golpear el delito, sino impedir la disidencia.
¿Una nueva forma de gobernanza posdemocrática?
Todo ello sugiere una dinámica más profunda: el avance de un modelo europeo en el que la viabilidad política ya no está garantizada por el sufragio universal, sino por la compatibilidad ideológica con el «orden democrático» tal y como lo definen quienes lo controlan. En otras palabras: sólo se puede participar en la democracia si no se cuestiona el perímetro trazado por quienes ya están en ella.
Es la paradoja de la Europa contemporánea: las mismas instituciones que se erigen en guardianas de la libertad y del Estado de Derecho se reservan el derecho de determinar quién es merecedor de ello. Un sistema de legitimación selectiva, en el que los ciudadanos pueden votar, pero sólo a candidatos previamente filtrados.
Y precisamente por eso, los movimientos patrióticos y conservadores se enfrentan hoy a un reto más sutil pero más radical: no sólo ganar votos, sino defender el propio derecho a competir. No sólo ganar elecciones, sino defender la idea de que todo ciudadano tiene derecho a una alternativa real. Porque cuando la oposición es silenciada sin juicio, cuando la seguridad se convierte en censura y la burocracia sustituye al juicio popular, la libertad ya no está en peligro: ya está bajo administración judicial.
La hora de la responsabilidad: más allá de la vigilancia, la construcción
Ya no estamos en la época de las teorías, sino de los hechos. En Europa se está produciendo una mutación silenciosa de la democracia: no mediante golpes de Estado, sino mediante circulares, clasificaciones, reglamentos, protocolos de seguridad. Es una era en la que la disidencia no está prohibida, sino «deslegitimada». En la que las ideas no se combaten en el debate, sino que se extinguen en las sombras de la vigilancia. Y en la que la verdad del poder se oculta tras la tecnocracia de la legalidad.
Pero si este es el panorama, hay que tomar una decisión. No podemos limitarnos a denunciar. Tenemos que construir instrumentos culturales, jurídicos, tecnológicos y estratégicos que permitan a las fuerzas identitarias, conservadoras y soberanistas habitar el futuro sin subordinación.
¿Qué significa esto en términos concretos?
- Significa defender la autonomía de plataformas de comunicación como Telegram u otros entornos digitales, para que sigan siendo espacios libres de participación ciudadana y no enclaves a militarizar con pretextos morales.
- Significa proponer una reforma europea de los servicios de inteligencia y de los poderes especiales, poniendo fin a la complicidad estructural entre vigilancia y poder político.
- Significa, por último, reconstruir el concepto mismo de seguridad, despojándolo de sus derivas ideológicas y devolviéndole su significado original: proteger a los ciudadanos, no condicionar las elecciones.
La batalla que se avecina no sólo se jugará en las urnas, sino en la capacidad de reescribir el perímetro mismo de la ciudadanía democrática. No se trata sólo de ganar el consenso, sino de defender la viabilidad de la alternativa. Porque hoy, en demasiados rincones de Europa, quien disiente no es un adversario, sino un vigilante. Y lo que está en juego no es un escaño más, sino la supervivencia misma de la libertad política.
El tiempo de la inocencia ha terminado. Pero el tiempo de la valentía acaba de empezar.
