Este sábado, el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro decidió revocar de forma ‘inmediata y unilateral’ el permiso que había concedido a Brasil para tratar con la Embajada argentina en Caracas.
«Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión por las evidencias que existen sobre la utilización de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intento de magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y contra la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, por parte de prófugos de la justicia venezolana dentro de la misma», reza el texto difundido por la Cancillería del régimen chavista.
Cabe destacar que desde agosto, tras la expulsión de los miembros de ambas delegaciones, Brasil se ha hecho cargo de las sedes diplomáticas de Perú y Argentina, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos en el país sudamericano.
Tras la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano, su homólogo brasileño emitió un comunicado en el que afirmaba que mantendría la responsabilidad de custodiar la embajada argentina en Caracas.
«El gobierno brasileño recibió con sorpresa el anuncio del gobierno venezolano de que pretende retirar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses argentinos en Venezuela. De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, Brasil continuará vigilando y defendiendo los intereses argentinos, por lo menos hasta que el gobierno argentino designe otro Estado que pueda desempeñar esas funciones y sea aceptable para el gobierno venezolano. En este contexto, el gobierno brasileño subraya, en los términos de la Convención de Viena, la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente acoge a seis solicitantes de asilo venezolanos, así como de sus bienes y archivos’, dice el comunicado.
La tensión crece día a día, ya que desde la noche del viernes agentes de la policía del régimen asedian la residencia oficial de la embajada, donde desde marzo se refugian seis opositores a Nicolás Maduro, acusados por la Fiscalía chavista de diversos delitos como ‘conspiración’ y ‘traición a la patria’, entre otros.
Una de las refugiadas, la jefa de campaña de la líder opositora Corina Machado, Magalli Meda, denunció que la embajada se encuentra sin electricidad y con el acceso a las instalaciones bloqueado por el régimen, según publicó en su perfil de las redes sociales X.
A finales de julio, este grupo de opositores se había quejado de que «agentes de seguridad del régimen se encontraban fuera del recinto intentando hacerse con el control de esta sede diplomática», lo que constituye claramente una grave violación del derecho internacional.
Por su parte, el presidente brasileño, Lula da Silva, declaró el viernes: «Creo que el comportamiento de Maduro es decepcionante. En Brasil, la democracia se ha aprendido con mucho sufrimiento».
Además de Perú y Argentina, Maduro exigió la retirada inmediata de sus representantes de Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, en protesta por las declaraciones de sus gobiernos sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Aunque gran parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, ha criticado la falta de transparencia en las últimas elecciones venezolanas, el apoyo que el país sudamericano recibe de Cuba, China, Rusia e Irán parece suficiente para alentar un comportamiento cada vez más extremo del «nuevo» dictador Nicolás Maduro.